Servicio militar obligatorio. ¿ Si-NO?

Publicado Por sedreme en 11 Feb, 2018 | 3 comentarios

Hace ya un tiempo, comenzó a circular a través de las redes sociales una información que sembro el pánico entre los los mas jovenes

La informacion que ciruclo, aseguraba que vuelve el servicio militar obligatorio a España para menores de 25 años.

Los usuarios no daban crédito, dando por hecha la veracidad de la noticia.

A raiz de esta publicación, surgieron grupos que apoyaban la idea, enumerando las ventajas, mientras que la gran mayoría se echaban las manos a la cabeza.

La información publicada decía textualmente lo siguiente:

— “Hoy, viernes 17 de marzo se ha firmado en Moncloa la vuelta de la ‘”mili’” para hombres de entre 18 a 25 años de edad. Dicho servicio será habilitado el 1 de septiembre de 2017. En los cuarteles se han implementado plantillas de estudio convalidado para aquellos que cursen bachillerato y/o una carrera universitaria”.

Luego resulto que la noticia era falsa, y se quedo en una anecdota.

Os parece una idea descabellada. ¿ Si o No ?

El Gobierno sueco ha adoptado la decisión de restablecer el Servicio Militar Obligatorio en el país, siete años después de haber sido abolido. Esta decisión se toma con el objetivo de paliar la falta de soldados, según argumentan fuentes oficiales. Suecia es un modelo de país avanzado y un modelo a seguir en muchos aspectos, pero creemos que se equivoca rotundamente con esta decisión y con este planteamiento. Pensamos que el Gobierno sueco debería plantearse el por qué de esa falta de soldados, atender a sus verdaderas causas, en vez de pensar en volver a establecer como obligatoria una actividad que literalmente secuestra la vida de miles de jóvenes durante un cierto período de su vida.

Francia se lo esta planteado tambien y como dice el refranero español. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar.

Por ejemplo, esa propuesta ha sido apoyada en nuestro país por el famoso Juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud ( famoso por sus sentencias originales y “ejemplarizantes”, basadas en los aspectos de reeducación y reinserción social más que en los aspectos punitivos), quien se ha manifestado a favor de reimplantar el Servicio Militar Obligatorio también en España, sobre todo para el colectivo de los denominados “ni-nis” (chicos y chicas jóvenes que ni estudian ni trabajan).

Un poquito de historia.

El Servicio Militar Obligatorio es un sistema de alistamiento forzoso de los hombres en las Fuerzas Armadas. También se lo conoce como conscripción. Los conscriptos son llamados a filas en tiempo de paz, con el propósito de entrenarse para la guerra o para afrontar algún tipo de emergencia. Se diferencian de los voluntarios y de los profesionales porque no reciben un sueldo.

El servicio militar como obligación básica de la ciudadanía data de la antigüedad. En las antiguas ciudades-estado griegas, los jóvenes tenían que servir varios años en la milicia ciudadana. En la República romana, el servicio militar obligatorio era considerado un privilegio, y todos los ciudadanos entre los 17 y los 60 años debían servir sin paga alguna.

El servicio militar obligatorio fue propuesto en el siglo XVI por Nicolás Maquiavelo. En esa época, el ejército suizo estaba integrado por conscriptos. En el siglo XVIII, la tropa estaba integrada por los miembros más pobres de la sociedad, siendo el engaño el método de reclutamiento más usual.

Durante la Revolución Francesa, el servicio militar obligatorio estaba considerado un deber republicano, basado en los principios de igualdad y fraternidad, como una necesidad de supervivencia nacional.

Despues de un poquito de historia, vamos a hablar de España.

En el caso de España existen cuatro niveles de compromiso en la cooperación con aportaciones militares.

En primer lugar, las derivadas de su condición de nación miembro de la Organización de Naciones Unidas, que implican una disponibilidad de medios humanos y materiales que, hasta la fecha, es la que ha provocado más y mayores participaciones de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil.

En segundo lugar, los que se siguen de la pertenencia a una alianza multinacional de la defensa, como es la OTAN, que se proyecta sobre un área geográfica determinada en la actualidad por el concepto atlántico o intercontinental en el hemisferio norte.

En tercer lugar, nos encontramos con las previsibles consecuencias de la pertenencia de España a la Unión Europea. Las pretensiones de Tratado de Maastricht de avanzar hacia una política de defensa común están aún en una fase muy preliminar.

En cuarto lugar, están los compromisos derivados de acuerdos bilaterales, en la línea tradicional de las alianzas entre Estados, entre los que hay que destacar los tratados bilaterales entre España y los Estados Unidos, que afectan a muy concretas colaboraciones técnicas y de instrucción y, muy especialmente, a la utilización de instalaciones o bases.

Desde el punto de vista de las aportaciones humanas, el sistema de seguridad internacional en que España participa tiene como problema sociológico típico las dificultades por las que pasa el servicio militar obligatorio, tanto por el clima creado en la opinión pública contra la utilización de personal forzoso en misiones peligrosas o en las simplemente alejadas del territorio nacional, como por el breve periodo de tiempo de permanencia en filas de dicho personal de reemplazo, que, trás su periodo de instrucción, solo se puede considerar como disponible un número de meses, un tiempo muy difícil de sincronizar con los tiempos de una misión de plazo mediano. Por ello, en la práctica, el personal utilizable en compromisos internacionales pasa a ser, casi exclusivamente, el personal profesional o voluntario.

A las insuficiencias de carácter económico o presupuestario se añaden, por tanto, la disponibilidad -en la práctica- de solo una parte del componente humano del sistema vigente de Fuerzas Armadas. La interdependencia razonablemente existente entre el sistema defensivo nacional y el compromiso internacional tiene en estas circunstancias una quiebra en tanto se mantenga el cada vez más inoperante sistema de servicio militar. Hoy solo una parte de las Fuerzas Armadas está en disposición de participar, a la hora de la verdad, en los compromisos internacionales y, por ello, se ha producido un desnivel que se acusará progresivamente entre los componentes de un ejército de instrucción y un ejército operativo. Que se trate de disfrazar esta realidad considerando unas unidades como operativas y otras como marco de movilización no deja de ser un artificio que mantiene la existencia  de unos «ejércitos reales» mucho menores que los «ejércitos teóricos» formados por componentes parcialmente instruidos, parcialmente utilizables y limitadamente equipados.

Sin embargo, se suscita la duda sobre los valores de solidaridad e igualdad atribuidos a los deberes universales que el servicio militar obligatorio exalta, así como a la necesidad de que un pueblo bien educado posea una cierta cultura de la defensa unitaria de su patria y una capacidad  de movilización  de reservas  en emergencias -difícilmente previsibles en su importancia o en su duración, pero no imposibles-, que desborden las dimensiones normales, siempre reducidas, de un ejército profesional.

La idea de ejércitos durmientes y movilizables ha perdido crédito por la rapidez  de acción de las armas modernas y de los medios de transporte militar, que hacen difícil, por la celeridad con que pueden desarrollarse los conflictos contemporáneos, concebir una operación tan lenta como es una movilización de reservas.

El derecho y el deber de defender España

¿Quiere esto decir que ha llegado la hora de prescindir de todo intento de preparación del ciudadano para la defensa y de los valores de solidaridad y unidad que se derivan de un deber general de prestación?

Evidentemente,  no. Lo que sucede es que es conveniente comprender que «el derecho y el deber de defender a España» a que se refiere el artículo 30 de la Constitución vigente no es necesariamente identificable con el concepto tradicional de «servicio militar». Esto se deduce del conjunto del propio artículo que, por ejemplo, no impone obligaciones militares a las mujeres, sin que pueda suponerse que cuando habla de «los españoles» se refiera exclusivamente a los varones como portadores de este «derecho y deber» de la defensa.

En su párrafo 2, el artículo 30 introduce el concepto de «objeción de conciencia» como una excepción normalizada que no excluye otros deberes de solidaridad, como es la prestación social. La objeción de conciencia es la negativa de la persona a prestar el servicio militar obligatorio. Algunos de los motivos de objeción pueden deberse a motivos religiosos, razones éticas, ideológicas, intelectuales, humanitarias, y de otra índole.

El objetor podrá ser dispensado del deber general de prestación del servicio, pero habrá de realizar una asistencia social sustitutiva. En caso de que se negara a asumirla, esta actitud de insumisión es susceptible de ser considerada como un delito, que lleva aparejada por lo general, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

En su párrafo 3 propone el establecimiento de «un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general».

En el párrafo 4 propone posibles regulaciones de «los deberes de los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública».

Todo ello hace pensar que la Constitución parece contar con posibilidades de movilización total de la ciudadanía ante problemas cuya envergadura lo exija, sin identificar toda posibilidad de movilización con el servicio de las armas. Pero tampoco, por lógica, pueden excluirse como «graves riesgos, catástrofe o calamidad pública» los que se derivarían de un ataque contra la nación con armas de destrucción masiva, una guerra química o nuclear, por ejemplo.

Quiere todo ello decir que sería necesario entender que la defensa de un pueblo no es una misión exclusiva de las unidades militares propiamente dichas. Que la cooperación ciudadana en el campo de la industria. la sanidad, el transporte, las comunicaciones, la información, la alimentación,  las fuentes energéticas,  etc. es de tal  importancia  que -sin su adecuado funcionamiento- las unidades militares y sus equipos de combate no podrían actuar, y que cualquier concepto de movilización tiene que tener en cuenta, ante todo, que no puede desproveer al conjunto de la actividad productiva de trabajadores en general, y de especialistas muy determinados en particular, de los cuadros organizativos y los servicios imprescindibles con los que funciona la infraestructura civil de la defensa y de la que se alimenta el vértice operativo de la fuerza en armas. Y eso, sin olvidar que muchas de las prestaciones que se demandan a la población en un esfuerzo defensivo coordinado no son distintas en su calificación de las que se prestan en la vida laboral civil.

Conclusiones

De lo expuesto se deduce:

1º-. Que el dispositivo militar español no se concibe, en nuestros días, exclusivamente para necesidades territoriales propias, sino para la cooperación en el mantenimiento de la paz y la libertad en la comunidad internacional y, especialmente, en la Unión Europea.

2º-. Que la estructuración de las Fuerzas Armadas operativas y comprometidas en nuestras áreas de potencial proyección no puede estar condicionada por la duración de los reemplazos y los niveles de preparación y voluntariado, sino por unidades profesionalizadas y con un nivel de instrucción y disponibilidad total y permanente.

3º -. Que la necesidad de una cultura de la población para la defensa ante emergencias imprevisibles, aconseja, no obstante, la transición gradual hacia un concepto superador del actual servicio militar, pero suficiente para mantener la capacidad de movilización global.

4º-. Que las nuevas concepciones deben establecerse en relación con la política de defensa de nuestros aliados más proximos y desarrollarse con espíritu de convergencia, dado que las Fuerzas Armadas nacionales están implicadas en un sistema compartido para el mantenimiento del orden internacional.

5º-. La vuelta de la “mili” obligatoria no estamos tan seguros que sea ninguna solución ni para esos “ni-nis” ni para la juventud en general.  Lo que la juventud necesita es que sus gobiernos les dediquen atención, les dediquen recursos, les dediquen medios, les ofrezcan salidas laborales y profesionales, y no les condenen, como ahora ocurre, al paro, a la precariedad más absoluta, al exilio laboral, y a la imposibilidad de emanciparse y emprender un proyecto de vida personal